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La preocupación de los vecinos de la Primera Sección Chacra Sur continúa creciendo mientras la investigación judicial y administrativa avanza sin definiciones públicas.
A más de un mes del inicio de las actuaciones, las familias sostienen que siguen soportando fuertes olores, la presencia constante de moscas, mosquitos, ruidos provenientes de la actividad denunciada y otras situaciones que, según afirman, afectan su calidad de vida.
Según manifestaron vecinos consultados por La Balanza Rota, la explotación denunciada sería desarrollada por el Sr. García Olano y el Sr. Callaba, cuestión que forma parte de las actuaciones y cuya eventual responsabilidad deberá ser determinada por las autoridades competentes dentro de la investigación en curso.
Uno de los aspectos que más inquieta a las familias es la proximidad de la Escuela N.º 36 "Misia Antoñita Vázquez", donde de lunes a viernes concurren niños, docentes y personal educativo.
Los vecinos expresan su preocupación porque el establecimiento educativo se encuentra próximo al lugar donde se desarrolla la actividad denunciada y porque, según indican, el abastecimiento de agua proviene de perforaciones o pozos, situación que incrementa el temor ante la posibilidad de una eventual afectación de las napas subterráneas.
Hasta el momento no existen informes públicos que acrediten contaminación del agua utilizada por la escuela, pero precisamente esa incertidumbre es uno de los motivos por los cuales los vecinos solicitan que los organismos técnicos concluyan cuanto antes las evaluaciones correspondientes.
Más allá de las molestias diarias, el principal temor expresado por los vecinos está relacionado con el manejo de los efluentes y residuos generados por la actividad.
Según las denuncias realizadas, existe preocupación por la posibilidad de que, durante lluvias intensas, los líquidos acumulados en las piletas de tratamiento puedan desbordar y escurrir hacia cunetas, caminos rurales, bajos naturales o cursos de agua cercanos.
Los vecinos consideran que esa situación podría representar un riesgo para el ambiente si esos líquidos alcanzaran los arroyos o se infiltraran hacia las napas de agua utilizadas por numerosas familias de la zona.
Estos aspectos forman parte de las cuestiones técnicas que deberán ser evaluadas por los organismos competentes y por la Justicia.
Uno de los puntos que más preocupación genera entre los habitantes es la demora en las respuestas del Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (ICAA).
Según pudo conocer La Balanza Rota, transcurrido más de un mes desde que la Justicia requirió información técnica al organismo provincial, dicha respuesta aún no habría sido incorporada a la causa.
Para los vecinos, esa demora prolonga la incertidumbre y posterga las respuestas que esperan más de cien familias que conviven diariamente con esta problemática.
En Pedagogía del Contrato Social hay una imagen que ayuda a comprender por qué estas situaciones generan tanta preocupación.
Imaginemos un escritorio.
Sobre él descansa una carpeta con una denuncia. Cada organismo debe tomarla, hacer su parte y pasarla al siguiente. Uno inspecciona, otro analiza, otro informa y finalmente la Justicia decide.
Mientras la carpeta avanza, la sociedad siente que las instituciones funcionan.
Pero cuando esa carpeta queda detenida sobre un escritorio durante semanas o meses, no solo se demora un expediente.
También comienza a detenerse la confianza.
Las familias siguen conviviendo con las mismas dudas, los responsables de la actividad continúan sin una definición oficial y toda la comunidad queda atrapada entre versiones, sospechas e incertidumbre.
La función de las instituciones no es únicamente resolver conflictos. También es hacerlo dentro de un plazo razonable, porque cuando las respuestas se demoran, el silencio termina ocupando el lugar que debería ocupar la información.
Y es allí donde comienza a deteriorarse uno de los bienes más importantes que tiene cualquier sociedad: la confianza en sus propias instituciones.
