CORRIENTES.— La balanza de la justicia vuelve a sufrir un duro golpe desde adentro de sus propias filas. Lo que debía ser un procedimiento habitual de control en las rutas del litoral terminó desnudando una red criminal de corrupción institucional. La Policía Federal Argentina (PFA) desarticuló por completo una organización narcocriminal en la provincia de Corrientes, deteniendo a dos mujeres. El dato más alarmante: una de ellas es una oficial subayudante en actividad de la policía provincial.
El operativo, bautizado como "Blue Line" (Línea Azul) por los investigadores de la División Operaciones Federales de la PFA, sacó de circulación un millonario cargamento que tenía como destino los centros urbanos más grandes de la región.
La caída del cargamento millonario
La investigación venía siguiendo el rastro de un auto sospechoso que intentaba cruzar los controles viales simulando un viaje familiar. Al ordenar la detención del vehículo, los perros antinarcóticos dieron la señal de alerta.
Ocultos en dobles fondos del coche y en la estructura interna, los agentes federales encontraron un millonario cargamento:
- 37,5 kilogramos de cocaína de máxima pureza.
- Los ladrillos de droga venían compactados y marcados con logos de organizaciones internacionales.
- El valor total del cargamento secuestrado supera los 825 millones de pesos.
La manzana podrida dentro de la fuerza
Lo que transformó este operativo en un escándalo provincial y nacional fue la identidad de las personas que transportaban la droga. La banda estaba liderada a nivel logístico por una mujer que, al momento de ser arrinconada por los agentes federales, mostró su placa de la Policía de Corrientes con el rango de oficial subayudante.
Según fuentes judiciales, la mujer policía utilizaba su conocimiento de los mapas de control institucional, los horarios de los relevos de las guardias y su identificación oficial para facilitar el libre tránsito de los vehículos con droga, burlando las inspecciones camineras comunes.
Detenciones y causa judicial
Tanto la oficial de policía como su cómplice civil quedaron detenidas en el acto de forma incomunicada. Además de los 37 kilos de cocaína, el juzgado interviniente ordenó el secuestro de:
- El automóvil utilizado para el traslado.
- Los teléfonos celulares de alta gama de las involucradas.
- Armas de fuego y dinero en efectivo.
El caso quedó en manos del Juzgado Federal de Corrientes, donde se iniciaron las causas por infracción a la Ley de Drogas (Ley 23.737) agravada por la condición de funcionaria pública de una de las imputadas. El
Ministerio de Seguridad de la Nación ratificó que el foco de la gestión está en "limpiar las instituciones de aquellos que usan el uniforme para delinquir".
Una vez más, la realidad demuestra que cuando quienes deben cuidar la ley deciden romperla, la balanza de la seguridad social no solo se inclina, sino que se rompe por completo.
