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LAS FOTOGRAFÍAS HABLAN
Las imágenes que acompañan esta publicación muestran cadáveres de bovinos depositados directamente sobre el terreno, entre ramas, troncos y vegetación.
No estamos describiendo lo que alguien nos contó.
Estamos mostrando lo que fue fotografiado.
A simple vista no se observa en esas imágenes una fosa sanitaria, cobertura de los cadáveres ni aislamiento físico que impida el acceso de otros animales.
Tampoco corresponde a este medio determinar mediante una fotografía cuánto tiempo llevan allí esos animales, cuál fue la causa de su muerte o si existe contaminación del suelo o del agua.
Eso deberá establecerlo la autoridad competente.
Pero precisamente por eso las fotografías deberían provocar una inspección inmediata.
Porque cuando existen cadáveres de animales expuestos y familias viviendo en las proximidades, la respuesta no puede ser mirar hacia otro lado.
Durante este conflicto hemos escuchado expresiones conciliadoras y discursos que suenan socialmente correctos.
Pero existe una enorme diferencia entre decir que preocupan los vecinos y comportarse como si realmente preocuparan.
García Olano y Callaba pueden explicar su posición, defender la actividad productiva y ejercer plenamente su derecho a responder.
Pero también deberán explicar algo mucho más concreto:
¿Cómo llegaron esos animales muertos hasta ese lugar?
¿Quién decidió depositarlos allí?
¿Cuánto tiempo permanecieron expuestos?
¿Cuál es el protocolo utilizado por el establecimiento cuando muere un animal?
¿Las muertes fueron registradas?
¿Intervino el veterinario responsable?
¿Existe dentro del establecimiento un procedimiento documentado para el tratamiento y disposición de cadáveres?
¿SENASA inspeccionó estas condiciones?
¿El ICAA conoce esta situación?
Son preguntas. No condenas.
Pero son preguntas que alguien debe responder.
Porque gobernar, producir y convivir en sociedad exige algo más que declaraciones políticamente correctas.
Exige responsabilidad.
La cuestión no queda librada simplemente al criterio personal del propietario de un establecimiento.
La Resolución SENASA 329-E/2017 regula específicamente los establecimientos pecuarios de engorde a corral y reconoce que, debido a la concentración de animales característica de estos sistemas productivos, resulta necesaria una regulación particular sobre instalaciones, bioseguridad, higiene, sanidad y el manejo de desechos, efluentes y cadáveres.
La norma también establece que el administrador debe registrar ante SENASA las muertes producidas en el establecimiento y establece responsabilidades para el administrador y el médico veterinario responsable.
Por lo tanto, frente a estas fotografías existe una pregunta administrativa perfectamente concreta:
¿Estas muertes están registradas ante SENASA y cuál fue el destino sanitario declarado para esos cadáveres?
La respuesta debería ser sencilla de comprobar.
El Instituto Correntino del Agua y del Ambiente —ICAA— es la autoridad provincial encargada de la evaluación ambiental y contempla expresamente dentro de las actividades agroganaderas sujetas a este régimen a los establecimientos de feedlot.
La Ley Provincial Nº 5.067 establece el sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y contempla medidas destinadas a prevenir, reducir o corregir efectos ambientales negativos, además de mecanismos de vigilancia sobre el cumplimiento de las condiciones establecidas.
Entonces aparece otra pregunta inevitable:
¿Qué controles ambientales se realizaron sobre este establecimiento y qué dicen respecto del tratamiento de animales muertos, efluentes, suelo y recursos hídricos?
Porque controlar no significa solamente recibir expedientes.
Controlar significa ir al lugar, mirar, constatar, documentar y actuar cuando corresponde.
Conviene dejar algo absolutamente claro.
La Balanza Rota no está cuestionando la producción ganadera ni la existencia de los feedlots como sistema productivo.
La producción genera trabajo, movimiento económico y alimentos.
El problema comienza cuando se pretende instalar una falsa elección entre producir o respetar a los vecinos.
Una sociedad moderna debe poder hacer las dos cosas.
Se puede producir, se puede invertir, se puede generar empleo.
Pero también se debe cuidar el ambiente, cumplir las normas sanitarias y respetar a quienes viven alrededor.
La rentabilidad de una actividad privada jamás puede construirse trasladando sus consecuencias a la puerta de la casa del vecino.
Un cadáver puede estar dentro de una propiedad privada.
Pero el olor no reconoce alambrados, las moscas tampoco.
Los líquidos producto de la descomposición no entienden de escrituras y el agua subterránea mucho menos.
Por eso existen las normas sanitarias y ambientales.
Porque determinadas actividades realizadas dentro de una propiedad pueden producir consecuencias fuera de ella.
Y cuando eso ocurre, deja de ser solamente un problema privado.
Se convierte en un problema de convivencia, salud pública y ambiente.
Estas imágenes también interpelan al Estado.
A SENASA, porque existe una normativa específica para establecimientos de engorde a corral y porque las muertes deben registrarse.
Al ICAA, porque es la autoridad ambiental provincial y debe controlar los posibles impactos de este tipo de actividad.
A las autoridades municipales, porque existen vecinos afectados dentro de su comunidad.
Y a la Justicia, porque existe una investigación relacionada con las denuncias formuladas por los habitantes de Chacra Sur.
Ya no alcanza con decir que el problema está siendo analizado.
Las fotografías existen, los cadáveres aparecen en las imágenes.
Los vecinos denuncian olores.
Entonces corresponde determinar oficialmente qué ocurrió.
Quizás todo este conflicto pueda resumirse en algo mucho más profundo.
Durante meses escuchamos hablar de diálogo, convivencia, producción y preocupación por los vecinos.
Pero la verdadera consideración hacia el otro no se demuestra delante de un micrófono.
Se demuestra cuando nadie está mirando, se demuestra en cómo se manejan los residuos, en cómo se tratan los efluentes, en cómo se dispone un animal muerto.
En cuánto importa que una familia tenga que cerrar una ventana por el olor.
Y en cuánto importa que un niño viva a pocos metros de aquello que nosotros jamás aceptaríamos tener frente a nuestra propia casa.
Por eso estas fotografías tienen tanta fuerza.
Porque una imagen puede destruir en segundos un discurso construido durante meses.
No afirmamos cuál fue la causa de muerte de estos animales.
No afirmamos, sin estudios técnicos, que exista contaminación de las napas.
No reemplazamos a SENASA.
No reemplazamos al ICAA.
No reemplazamos a la Justicia.
Mostramos lo que está ocurriendo y hacemos las preguntas que cualquier vecino tiene derecho a formular.
Ahora corresponde que quienes tienen las facultades legales inspeccionen, determinen responsabilidades y expliquen públicamente qué encontraron.
Porque después de tantos discursos, reuniones y explicaciones, Chacra Sur necesita algo bastante más sencillo:
que las palabras coincidan con los hechos.
Y si estas imágenes representan la manera habitual en que se están manejando los animales muertos del establecimiento, entonces ya no estamos solamente frente a un problema de comunicación con los vecinos.
Estamos frente a un problema que las autoridades sanitarias y ambientales deberán explicar.
Porque la verdad no tiene dueño.
Resolución SENASA 329-E/2017 – texto oficial
Normativa ambiental oficial del ICAA
