Privatizar las ganancias, municipalizar los costos

Privatizar las ganancias, municipalizar los costos: el polémico acuerdo para que la comuna arregle las roturas de Aguas de Corrientes

Un convenio firmado por la intendente Verónica Espíndola establece que el Municipio ejecutará con mano de obra y recursos públicos las reparaciones de baches y calzadas causadas por la empresa privada. Si bien la firma compensará con hormigón, el acuerdo abre un fuerte interrogante: ¿Por qué los contribuyentes deben financiar la logística y el personal de una compañía que cobra tarifas por su servicio?Un nuevo documento oficial encendió las alarmas sobre la administración de los recursos públicos en Curuzú Cuatiá. Se trata del "Convenio de Cooperación y Ejecución de Obras en la Vía Pública" suscripto entre la intendente municipal, Sra. Verónica Inés Espíndola, y el representante de la firma Aguas de Corrientes S.A., Juan Emilio Leyes . El acuerdo establece que el Municipio asumirá de manera directa la ejecución material, nivelación, compactación y repavimentación de todas las calzadas que resulten destruidas por los trabajos de la red de agua potable y cloacas .El texto normativo estipula en su Cláusula Cuarta un mecanismo de "pago en especie" . Bajo esta modalidad, Aguas de Corrientes S.A. abonará los costos entregando metros cúbicos de hormigón elaborado calidad H-30, calculados según fórmulas fijas (0,68 m³ por metro cuadrado de rotura en calles de hormigón y 0,86 m³ en calzadas asfálticas) . El material quedará depositado a favor de la comuna en un corralón local autorizado .El interrogante de fondo: ¿Por qué el Municipio gasta su logística en una empresa privada?Detrás de las fórmulas técnicas y de los argumentos oficiales de "celeridad y eficiencia administrativa", el convenio desnuda un planteo profundamente cuestionable desde la perspectiva del vecino y contribuyente curuzucuateño . Aguas de Corrientes S.A. es una empresa privada con fines de lucro que percibe mensualmente tarifas fijadas para sostener la estructura operativa de sus servicios. Por ende, la obligación legal de restituir las calzadas que rompe para reparar sus redes subterráneas debería correr por su exclusiva cuenta, contratando sus propias empresas constructoras y cuadrillas de operarios.Al firmar este convenio, el Departamento Ejecutivo Municipal acepta transformar a la estructura del Estado local en una virtual contratista de la empresa de servicios . Esto genera dudas críticas sobre el costo de oportunidad de los recursos de la ciudad:

• Desvío de mano de obra: Los empleados municipales de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, cuyos salarios se pagan con las tasas que abonan los vecinos, pasarán horas de trabajo reparando las roturas de una empresa privada en lugar de estar pavimentando calles nuevas o mejorando los barrios .
• Desgaste de maquinaria pública: El uso de camiones, motoniveladoras, herramientas pesadas y combustible municipal para solucionar los baches de Aguas de Corrientes implica un costo logístico y un deterioro de bienes del Estado que la empresa no absorbe.
• Transferencia de responsabilidad técnica: De acuerdo con la Cláusula Segunda, la Municipalidad se hace legalmente responsable de la calidad técnica de las reparaciones. Si el bache cede, se hunde o queda mal compactado, el reclamo vecinal recaerá sobre el municipio, absorbiendo un costo político y financiero que originalmente le pertenecía a la prestataria .

Aprobación consumada en el Concejo DeliberantePese a la gravedad de lo que esta transferencia de costos significa para el erario público, el debate legislativo ya está cerrado. El convenio fue tratado sobre tablas en la sesión ordinaria del pasado jueves 11 de junio, donde el oficialismo impuso su peso numérico.La votación final culminó con 7 votos a favor del bloque gubernamental, logrando la convalidación formal del texto. La oposición plantó bandera registrando 2 votos en contra, mientras que el tablero se completó con 2 concejales ausentes por enfermedad. Con este resultado, el polémico acuerdo ya es una ordenanza vigente, obligando a los contribuyentes de Curuzú Cuatiá a subsidiar con su propio esfuerzo el despliegue logístico y operativo de una de las corporaciones privadas más cuestionadas de la provincia.