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En momentos donde el país debate minuciosamente cómo atraer capitales internacionales para reactivar la minería, la energía y el litio, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, pateó el tablero político con una advertencia tajante. El mandatario provincial aseguró que cualquier recurso natural o empresa estratégica que sea cedida o privatizada bajo el actual esquema económico será "recuperada y expropiada" de forma inmediata en caso de que el peronismo vuelva a conducir los destinos de la Nación.
Las declaraciones de Quintela no tardaron en generar réplicas. Para los sectores productivos y las cámaras empresarias, este tipo de discursos funciona como un "espantapájaros" para las inversiones de largo plazo. El litio en el Norte y el sector energético necesitan de certidumbre institucional que trascienda a los gobiernos de turno cuando un líder político amenaza con romper contratos futuros, el riesgo país deja de ser un número técnico y se convierte en una realidad que frena la creación de empleo genuino en las provincias.Por otro lado, la postura del riojano expone la fractura ideológica que vive el federalismo argentino. Mientras la Casa Rosada promueve la desregulación absoluta y la apertura irrestricta de los sectores estratégicos, un sector de la oposición dura se atrinchera en la defensa de la soberanía estatal sobre el subsuelo y los servicios públicos. El problema radica en que, en medio de esta guerra de trincheras políticas, queda atrapada la economía real: la que necesita inversiones reales para infraestructura y la que sufre cuando las reglas del juego cambian cada cuatro años.










